Yo, ——————————————— que suscribo la presente carta, me dirijo a Uds., para presentar mi extrema preocupación sobre los incidentes que se están registrando con los pobladores y bosques primarios en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, región San Martin.
La deforestación destruye la biodiversidad, deja desprotegidos nuestros suelos, altera la regulación natural de las cuencas de nuestros ríos y en momentos en que a nivel mundial existe preocupación por frenar la deforestación de bosques por el cambio climático, la empresa Agrícola del Caynarachi S.A. del Grupo Romero está desforestando la Amazonía con un contrato ilegal que además despoja en forma prepotente y violenta a posesionarios de sus tierras. Por toda respuesta ante los argumentos del Gobierno Regional, Poder Judicial, Iglesia, Autoridades Locales y la población afectada, los funcionarios de la empresa se amparan muy confiados diciendo que “son dueños de medio Perú y nadie les quitará esas tierras”.
Mediante Resolución Ministerial Nº 255–2007-AG, el MINAG adjudicó a la empresa Agrícola del Caynarachi S.A. el predio denominado “Palma del Oriente”, una extensión de 3 mil hectáreas de tierra ubicadas dentro de los linderos del Barranquita. Los pobladores exigieron se respete su Plan de Desarrollo Concertado y la Zonificación Ecológica Económica de la región, zonificación que no permite la deforestación de bosques para agricultura intensiva. El entonces Ministro de Agricultura, Juan José Salazar, se comprometió a paralizar el trámite de adjudicación a la empresa en tanto no se titule a los posesionarios asentados en la zona, lo que no se efectuó. El ministro fue retirado del cargo.
En marzo del 2007 por una “orden de Lima”, sin estudios de impacto ambiental, Jorge Vera Acosta ex director de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín, firma el contrato de compra venta a S/. 150 nuevos soles la hectárea, cuando un solo árbol puede llegar a valer 10 mil nuevos soles. Con antelación el Ministerio de Agricultura modifica la calificación y redimensionamiento de los bosques de producción permanente para hacer posible la titulación de estas tierras a nombre de la empresa.
En estos años la población ha realizado todas las gestiones legales y acciones civiles para que sus derechos sean respetados, pero ha prevalecido arbitrariamente el poder de la empresa. Por eso, tal como expresaron los representantes de Barranquita en la conferencia realizada el 7 de enero en Tarapoto, ellos han tomado la firme resolución de defender sus legítimos derechos hasta las últimas consecuencias.
La presencia de la empresa Agrícola del Caynarachi S.A. no solo afecta derechos fundamentales de los campesinos de la zona, sino también el derecho al agua para toda la población local y el derecho de la nación a contar con bosques en pie que permitan acceder a los beneficios múltiples que ofrece nuestro patrimonio forestal a la región y a todo el país.
Demando por ello que se anule la Resolución Ministerial que originó todo este conflicto y la suspensión inmediata de labores por parte de la empresa.
Atentamente,

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Estoy segura que seguirán trabajando, para el restablecimiento de la dignidad de cada una de las personas ajusticiadas, y de sus familiares. Ahora queda seguir el camino trazado con esperanza y fe, que nuestras instituciones judiciales van a seguir reivindicándose con el pueblo peruano y en especial con nuestros hermanos de Putis, al abrir proceso a los responsables como ha ocurrido en otros países del mundo.

Ruth Cueva Chavez
rcuevachavez@yahoo.es

EL AUXILIO JUDICIAL, SI CUBRE LA EXONERACION DEL PAGO DEL COSTO DE LA PRUEBA CIENTIFICA DE ADN.

He leido con mucho detenimiento el artículo publicado por mi colega la Dra. BETTY VASQUEZ FLORES, Coordinadora de Acceso a la Justicia M.D. Paz y Esperanza Oficina Regional – San Martin, la que hace mención a la RESOLUCION Nº 08 de fecha 14.03.2008, por la que el Juez de Paz Letrado de Moyobamba, declara IMPROCEDENTE la solicitud de AUXILIO JUDICIAL, que incluya la exoneración del pago del costo de la Prueba Cientifica de ADN, argumentando que este beneficio sólo cubre la exoneración de la presentación de las Tasas Judiciales.

Es lamentable que un Juez, que ha estudiado en una Universidad para aplicar correctamente la ley, no este informado y la interprete erroneamente, pues el mismo Ministerio Público, ha emitido documentos dirigidos a los Jueces de Paz Letrados, que constituyen la Primera Instancia en donde se ventilan los procesos de Filiación Extramatrimonial, manifestando que si el demandante cuenta con AUXILIO JUDICIAL, en donde se incluya la exoneración del pago de la prueba de ADN, entonces la o el demandante no esta obligado a realizar el pago.

Además en mi condición de Abogado Titular de la Dirección Nacional de Asistencia Jurídica y Defensa Gratuita de la ONG DEFENSORES HUMANITARIOS SIN FRONTERAS “DEHUSIF”, en infinidad de procesos hemos conseguido que Jueces probos, concedan a las personas de escasos recursos, el BENEFICIO DEL AUXILIO JUDICIAL, por el que no sólo se exonera a los beneficiarios de las Tasas Judiciales, sino que tambien incluye la exoneración del pago del costo de la PRUEBA DE ADN.

El caso motivo de comentario sucedido en Moyobamba, es lamentable, pero considero que para eso estamos los Abogados, yo también he tenido dos casos, incluso antes que se expida la Ley 28457, que en su artículo 2º establece el derecho de acceder a este beneficio. Lo que hice es apelar y fue la Sala de Familia la que ordenó en ese entonces a un Juzgado Mixto, en primer lugar que el demandado sea sometido a la prueba de ADN y el Juez de Familia a la demandante le concedió el AUXILIO JUDICIAL, el mismo que se solicito en Cuerda Separada.

Por lo expresado pido a mi colega BETTY VASQUEZ FLORES y a todos los Abogados de mi País, que afirmen en las solicitudes de sus patrocinados pobres que accedan al beneficio del AUXILIO JUDICIAL, que éste alcanza a la exoneración del pago del costo del ADN, naturalmente, siempre que se solicite que sea el Laboratorio del Ministerio Público quien lo realice y que no existe nada que reglamentar ni menos interpretar, teniéndose en cuenta que por encima de estas normas glosadas, están las normas constitucionales que acertadamente ha hecho referencia mi Colega, a las que que debe agregarse la norma contenida en el artículo 139º inciso 16 de la Constitución Política del Perú, que como Principio Constitucioanal Garantiza la Gratuidad de la Administración de Justicia y la Defensa Gratuita a favor de las personas de escasos recursos.

Por lo demás felicito a mi colega BETTY VASQUEZ FLORES, por la publicación del artículo motivo de este comentario, por ser una de las formas, para que los Abogados, nos convirtamos en verdaderos servidores de la Justicia y colaboradores de los Magistrados, en estricto cumplimiento a lo establecido en el inciso 1) del artículo 288º del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.