En Ginebra, el 28 de septiembre de 2009, en el XII período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator  Especial Sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas James Anaya presentó un conjunto de informes correspondientes al ejercicio de su mandato en el período agosto 2008- septiembre 2009.

Los informes recogen sus observaciones y recomendaciones resultado de sus visitas a países,    reclamaciones recibidas y comunicaciones  enviadas a los Gobiernos.

En el período del informe 2008- 2009 el Relator Especial realizó misiones a  Brasil, Nepal, Botswana, Panamá, Chile, Perú, Colombia y Australia.

Documentos disponibles aquí:

http://www.politicaspublicas.net/panel/relator-dpi/docs/399-informes-relator-2009.html

SI, SOY CORRUPTO

Fujimori admitió que es corrupto ante tribunal. Para evitar desfile de testigos que recuerden sus delitos al país. Tribunal de la Corte Suprema dictará sentencia mañana miércoles  por espionaje telefónico, compra de congresistas y medios de comunicación.

Alberto Fujimori admitió públicamente que es un corrupto. Los 99 testigos que desfilaían ante el tribunal, para recordar al país los delitos que cometió, lo obligaron ha admitir su culpa en tres casos de corrupción.

“Señor, estoy conforme” dijo Fujimori, luego que el director de debates del tribunal, Víctor Prado le preguntó su posición sobre la acusación fiscal por espionaje telefónico, soborno a congresistas   y compra de medios de comunicación.

El tribunal, presidido por César San Martin e integrado por Prado y Hugo Principe, aceptó la admisión de culpa y el procedimiento de sentencia anticipada.

De acuerdo a la ley, el tribunal no podía rechazar la jugada  de Fujimori, como sucedió en el juicio anterior por el pago de los 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos.

El miércoles 30 de septiembre, a partir de las 11:00 de la mañana dictará la sentencia. En teoria, pese a la admisión de culpa,  el veredicto puede ser absolutorio, pero la contundencia de las pruebas asegurá otra condena, la cuarta.

Estrategía política

El  juicio comenzó a las 9:00 AM. La relatora del tribunal informó  que la salud del acusado está estable. La audiencia tuvo dos partes: En las  dos horas iniciales se presentaron los primeros 38 testigos y el fiscal sustentó llamar a otros 61 testigos.

Después de un receso, el fiscal sustentó la acusación, aunque, en principio había pedido un aplazamiento hasta  el 5 de octubre. Pero la defensa de Fujimori se opuso,  pues quería terminar cuanto antes.

Así, se llegó al medio día. Peláez pidió ocho años de cárcel y S/. 5 millones de reparación civil.  El fiscal señaló que Fujimori aprobó y ordenó  “El plan Emilio” de interceptación telefónica y luego, la compra de congresistas y de un canal de televisión, con  dineros del Estado que entregó a Montesinos, con el objetivo de perpetuarse en el poder.

Posteriormente, el procurador ad hoc Pedro Gamarra pidió que la reparación civil que pague Fujimori sea de 24 millones de soles.

El ex presidente respondió con voz pausada, lejos del grito de “soy inocente” del primer juicio por homicidio.

Su abogado César Nakazaki y el congresista Carlos Raffo explicarían, minutos después, esa decisión. Fue, lo confirmó Raffo, una calculada estrategía política.

Fujimori sabe que es culpable. Tiene una sentencia de 25 años. Ahora, recibirá, a lo mucho, los 8 años que pide el fiscal. Su situación no empeorará. Por las tres sentencias anteriores debe pagar 3’ 616,000 soles de raparación civil.

Sin embargo, el desfile de los testigo, la exposición de las pruebas y el recuerdo de la corrupción de su régimen, podrían afectar la candidatura de su hija, Keik.

Por esto, el caudillo fujimorista aparenta sacrificarse, cuando en realidad está pensando en salvarse. Espera el triunfo de su hija en las elecciones del 2011, la vuelta al poder del fujimorismo y el indultó presidencial que le daría su hija.

Tomado de: La República 29/09/2009

Comunicado de Prensa

29 de septiembre de 2009
Washington, DC

La semana pasada se hizo de conocimiento público una serie de graves amenazas en contra de la vida del Dr. Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación frente a esta nueva ola de amenazas en contra del Dr. Lerner, actual presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Exigimos al gobierno del Perú tomar medidas para asegurar la integridad física del Dr. Lerner y su familia y realizar una rápida y exhaustiva investigación para dar con los responsables.

La nueva campaña de amedrentamiento en contra del Dr. Lerner parece estar directamente vinculado con su condición de ex presidente de la CVR y su labor incansable a favor de los derechos humanos. El compromiso del Dr. Lerner con la vigencia de los derechos humanos ha hecho que de manera constante exija al gobierno el cumplimiento de las más importantes recomendaciones de la CVR, publicadas en su Informe Final en agosto de 2003. A su vez, el compromiso del Dr. Lerner con los derechos humanos llevó al gobierno actual a designarlo como miembro de la comisión encargada de presentar una propuesta para la creación del Museo de la Memoria.

WOLA y CEJIL reiteramos nuestra preocupación frente a las amenazas al Dr. Lerner y exhortamos a las autoridades a investigar el caso y garantizar la integridad física del Dr. Lerner.

Para mayor información, contactar:
John Walsh, Coordinador Principal para los Andes y Política de Drogas, WOLA
jwalsh@wola.org, (202) 797-2171

Jo-Marie Burt, Ph.D, WOLA
jmburt@gmu.edu, +(511) 247-3934

Viviana Krsticevic, Directora, CEJIL
vkrsticevic@cejil.org, (202) 319-3000

Las recientes declaraciones del Ministro de Defensa Rafael Rey sobre la no existencia de información oficial sobre los responsables de la matanza de 123 campesinos de la comunidad ayacuchana de Putis constituyen una reiteración de la minúscula voluntad del gobierno para asumir su responsabilidad de hacer efectivos los derechos humanos adoptando las medidas necesarias para asegurar el derecho a la verdad de las víctimas, y para que crímenes atroces no queden en la impunidad.
Así reaccionó Germán Vargas Farías, abogado y director nacional de la Asociación Paz y Esperanza, quien lamentó que altos funcionarios del Estado ignoren que por la naturaleza de la documentación requerida por el Ministerio Público para la investigación de crímenes contra los derechos humanos, no es aceptable alegar que ésta no existe, que ha sido eliminada o incinerada, en cuyo caso hace rato se debieron realizar las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar.
Para el representante de Paz y Esperanza es inadmisible que no se cuente con las hojas de servicio del personal que estuvo en la Base Militar instalada en Putis, que no se tenga idea de quien estaba a cargo de dicho destacamento, y que se ignore los desplazamientos de una patrulla militar más aún cuando debe haberse reportado siquiera un incidente referido a la muerte de más de cien personas. Las dudas sobre la seriedad de las indagaciones hechas por el Ministro de Defensa son razonables, aquí parece existir pereza o ineficiencia para investigar, o ánimos de encubrimiento, señaló Vargas.
Ante la incertidumbre por alcanzar justicia, familiares de las víctimas han anunciado que insistirán ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, encargada de la investigación del caso, para que conforme a sus facultades realice la búsqueda de la información en los archivos del Ejército, y se logre obtener la relación de oficiales que permita identificar a los autores de la barbarie ocurrida el 13 de diciembre de 1984.
El abogado de las víctimas Milton Campos, refirió que si el ministro Rafael Rey cree que su principal deber es proteger a los militares está en su derecho, pero si cree que eso implica evadir responsabilidades es otra cosa. La mejor defensa de nuestras fuerzas armadas es limpiarlas de criminales, y un ministro debe confiar que si hoy en día un fiscal o un juez deciden investigar a un presunto criminal, lo hará independientemente.

Lima, 28 de setiembre del 2009
Asociación Paz y Esperanza

Por Javier M. Iguíñiz Echeverría*

Por medios de gran difusión y con la maestría pedagógica que lo caracteriza, De Soto ha presentado un planteamiento sobre la problemática de la Amazonía. Una vez más, cabalgando sobre un problema peruano con repercusiones de alcance mundial, como ha sido esta vez la violencia en Bagua, vuelve a plantear su propuesta. Una ventaja inmediata de su incursión es que con su poder mediático contribuye a mantener en la agenda la situación de la región amazónica, asunto que corre el riesgo de quedar en la esfera judicial. Otra es que no pone en duda que la propiedad es de los amazónicos.

La propuesta es conocida en lo esencial: hay que convertir los activos de los pobres, esta vez ya no la vivienda urbana sino la tierra, en bien comercial para que el progreso económico llegue, esta vez a la Amazonía. La propiedad de los pobres debe ser alienable de algún modo, debe poder cambiar de manos. Pero, ¿qué hay de nuevo?

Grandes empresas

Detectamos dos novedades en los pequeños videos. Una es económica y consiste en que para De Soto los indígenas amazónicos no deben conformarse con generar pequeñas empresas; deben convertirse en grandes empresarios para contraponerse a las grandes empresas y negociar en igualdad de condiciones. Así al De Soto que había en García se añade el García que hay en De Soto. No aparecen ya atisbos del viejo recelo respecto del mercantilismo propio de las grandes empresas que era central en El otro sendero. Tampoco la acusación al capitalismo occidental de impedir su propia extensión al conjunto del globo terráqueo que había en El misterio del capital.

Cultura: una cuestión de poder

La segunda novedad es que la única manera de defender la cultura es con el poder económico que se logra creando grandes empresas. La cultura sería vista así como un subproducto de la competitividad en el mercado. La cultura sería la que se decide tener cuando se tiene dinero, ser propietario exitoso, para defenderla.

Suspicacias metodológicas

La pompa anunciando estudios previos no corrige la pauta de las publicaciones anteriores, esto es, la opacidad metodológica. En esta oportunidad se trata de la selección de opiniones rápidamente obtenidas de cuya representatividad no se tiene noticia.

También se repite esa opacidad que consiste en definir imprecisamente, de manera alusiva, la institucionalidad realmente existente en la Amazonía y que debe ser el punto de partida de cualquier propuesta de reforma. No hay “línea de base” dirían muchos ahora. La fiera defensa de las tierras cuyos actuales títulos según De Soto no tienen “ninguna función” debiera merecer algún análisis. ¿Alguien puede creer que es por títulos poco claros que se dan los conflictos con las mineras?

¿Aprender de lo éxitos en el pasado?

Finalmente, la referencia a los éxitos resultantes de la titulación pasada no tiene un sustento comprobado. Por el contrario, hay evidencias de que las experiencias más antiguas de titulación, las del Perú, por lo menos hasta ahora, no han resultado en ventajas, por ejemplo, crediticias para quienes han seguido la pauta COFOPRI. Siendo lo jurídico importante, un sesgo “juridicista” al problema de la propiedad engaña. Aún así, será mejor que recurrir irresponsablemente a las armas.

(*) Profesor del Departamento de Economía de la PUCP

Otra historia que no debe repetirse entre nuestros pueblos.

Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Relación a los Derechos de Propiedad Indígena Sobre las Tierras, Territorios y Recursos Naturales.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha logrado importantes avances en el área de los derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel de la CIDH, que se ven reflejadas en los procesos de soluciones amistosas, decisiones en casos individuales y medidas cautelares, como en las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana. Uno de los principales desarrollos jurisprudenciales se ha dado en relación con el derecho de propiedad indígena sobre las tierras, territorios y recursos naturales, derechos que revisten una importancia vital para la supervivencia cultural y material de estos pueblos en la región.

En este contexto, el presente cuestionario, preparado por la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene como objetivo recoger información sobre las experiencias, prácticas, legislación y jurisprudencia de los distintos Estados del región respecto a la protección y ejercicio efectivo del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.

La información recopilada será la base para la elaboración de un estudio sobre la cuestión, a la luz de los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, así como para la preparación de una serie de lineamientos específicos para asistir a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones regionales e internacionales en relación con proyectos de inversión, desarrollo, exploración y extracción de recursos naturales susceptibles de afectar el derecho de propiedad de pueblos indígenas.

Para la preparación de dicho estudio, durante este año, la Relatoría sobre Pueblos Indígenas está llevando a cabo un proceso de consulta, mediante este cuestionario y una serie de reuniones subregionales. Este proceso de consulta incluye los sectores de gobierno, organizaciones de los pueblos indígenas, sociedad civil, organizaciones y agencias regionales e internacionales y el sector académico, entre otros.

Las respuestas al presente cuestionario deben enviarse a más tardar el 21 de septiembre de 2009 a:

Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA

1889 F Street, NW

Washington, DC 20006

cidhoea@oas.org