pueblosaltomayo.com – Derechos Humanos

*Los niveles de pobreza extrema en el Perú se redujeron del 23% en el año 1991 a 12,6% en el año 2008.

*La meta de desnutrición global registra el 81% de cumplimiento. Sin embargo, la desnutrición crónica afecta a más del 20% de niños y niñas menores de 5 años y el 30,9% de la población tiene déficit calórico.

*La mortalidad en niños menores de cinco años de edad muestra una reducción del 68% al año 2006, habiéndose alcanzado la meta ocho años antes de la fecha comprometida.

*En cuanto a la violencia contra la mujer, el informe indica que más del 40% de la población femenina, entre los 15 y 49 años, manifiesta haber sufrido violencia por parte de su cónyuge.

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Este sábado 17 de octubre, a las 11 de la mañana, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú, Jorge Chediek, en representación del Sistema de las Naciones Unidas, presentó al Presidente de la República, Alan García, los avances que el Perú ha tenido en los últimos cuatro años con respecto a los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La ceremonia tuvo lugar en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Los objetivos fueron definidos durante la llamada “Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas”, que concluyó el 8 de setiembre del 2000, con la aprobación unánime de la “Declaración del Milenio”, un documento en el que los líderes mundiales reconocieron la responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo para trabajar por la igualdad, la equidad y la dignidad humana y para enfrentar el desafío principal del presente: hacer que la globalización se convierta en una fuerza positiva para todos, y que sus beneficios y costos sean compartidos por igual.

La meta de reducción a la mitad del porcentaje de personas cuyos niveles de ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema está a punto de cumplirse en el Perú. De 23% de pobreza extrema en 1991, se pasó a 12,6% en el año 2008. La meta es reducir esta proporción a 11,5% al 2015. Según destaca el informe, en el ámbito nacional se ha reducido la incidencia de pobreza en todos los departamentos del Perú, excepto en Huancavelica. Entre el 2004 y el 2008, la brecha de la pobreza en promedio se redujo en 5,1 puntos porcentuales. Por otra parte, en el área rural, si bien se registra una disminución en la brecha de pobreza de 5,6%, ésta es aún elevada (21%). En el ámbito laboral, al 2008 la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar fue de 70% y la cuarta parte de la población ocupada tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema.

Respecto a la meta de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre, al 2008 la meta de desnutrición global registra el 81% de cumplimiento. Sin embargo la desnutrición crónica afecta a más del 20% de los niños y niñas menores de 5 años y el 30,9% de la población tiene déficit calórico. La anemia en niños es otro indicador crítico que afecta al 56.8% de niños menores de tres años. En los últimos años no se ha observado una mejora significativa. En el Perú, el porcentaje de niños y niñas con peso por debajo al peso normal para su edad se ha reducido de 10,8%, en el año 1991, a 5,9% en el periodo 2007-2008, acercándose a la meta de 5,4% establecida para el 2015. Sin embargo el informe destaca que en las áreas rurales este indicador permanece alto, llegando a afectar entre el 2007-2008 a un 9,5% de niñas y niños menores de 5 años, en especial a las niñas.

En el ámbito educativo, la universalización de la educación primaria en el Perú es un objetivo casi cumplido. En los últimos diez años, la tasa neta de matrícula ha fluctuado entre el 90.6%1 y el 94.2%. En cuanto al objetivo de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, la brecha de género en cuanto al acceso a la enseñanza primaria está por cerrarse (0,998), mientras que en la secundaria (1,019) y en la educación superior (1,047) se ha cumplido la meta. Sin embargo, en las áreas rurales persisten las desigualdades de género al interior del país, hay bajas coberturas en la educación secundaria (76%) y superior (23%) y problemas de repitencia deserción y baja calidad.

La presencia de mujeres en empleos remunerados no agrícolas o de mayor productividad, muestra una lenta tendencia al alza en la década (de 34% a 37,5%), lo que contribuiría a mejorar la autonomía de las mujeres. En el sector agrícola, en términos de ingresos, las mujeres perciben el 62% del ingreso mensual respecto del percibido por los varones, siendo la costa la región más desigual (59,3%), seguida de la sierra (66,1%) y la selva (74,6%).

En cuanto a la violencia contra la mujer, el informe indica que más del 40% de la población femenina, entre los 15 y 49 años, manifiesta haber sufrido violencia por parte de su cónyuge, situación que no ha variado significativamente desde el año 2000.

Con relación a la meta de reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años, el informe indica que las metas están alcanzadas como promedio nacional. Igualmente, la cobertura de vacunación de niños y niñas menores de 1 año tiene niveles que hacen factible su cumplimiento. La mortalidad en niños menores de cinco años de edad muestra una reducción del 68% al año 2006, habiéndose alcanzado la meta ocho años antes de la fecha comprometida. La tasa de mortalidad infantil muestra diferencias entre uno a tres puntos entre departamentos, con la mejor situación en Lima (11.3) e Ica (10.8) frente a 29 en Huancavelica y 34 en Puno.

Respecto de la meta de lograr para el año 2015 el acceso a la salud reproductiva, el informe destaca que si bien el 99% de mujeres en edad fértil tiene conocimiento de métodos anticonceptivos, sólo el 71% de ellas utiliza alguno de ellos, sea moderno (48%) o tradicional (23%). Por otra parte, en cuanto a la meta de haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, el informe destaca que en el Perú, el VIH/Sida se comporta como epidemia concentrada, con una prevalencia en la población general inferior al 1%, pero en grupos de alto riesgo mayor del 10%. Se ha reducido a 25%, el porcentaje de casos detectados en el nivel avanzado.

En cuanto a la meta de incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, hay avances importantes. En el Perú el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, como el clorofluorocarbonos (CFC), por ejemplo, fue de cero (0) en el 2007, alcanzándose la meta programada para el 2010 de manera anticipada.

Con respecto al  indicador de grado de inserción en la economía mundial, entre 2004 y 2008 las importaciones y exportaciones crecieron en 165.2%, para alcanzar una cifra de US$ 59 968.3 millones de dólares americanos. Las exportaciones no tradicionales con mayor crecimiento en los últimos cuatro años, fueron las pertenecientes al sector químico, que creció 151%, seguido por el sector agropecuario y metal-mecánico, ambos con una tasa de crecimiento de 138%.

NOTA: La elaboración del “Informe del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2008” se inició en agosto de 2008 y en el proceso participaron representantes del Estado, de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil, de universidades, organismos de cooperación internacional y personalidades diversas. La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros asumió un rol decisivo y convocó a los sectores, participando a reuniones técnicas de discusión de avances y seguimiento de los procesos de cada uno de los grupos de trabajo.

El Informe completo de avances en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio se encuentra a disposición de los que deseen consultarlo en la página web del Sistema ONU en el Perú: http://www.onu.org.pe/Publico/Documentos/ListaPublicaciones.aspx.

Representantes del Sistema ONU en el Perú en la entrega del Informe ODM en el Salón dorado de Palacio de Gobierno.
De Izq. a Der.: Inés Scudellari (CINU), Mar Mora (PMA), Álvaro Romero (UNDSS), Pilar Norza (OIM), Esteban Caballero (UNFPA), Guido Cornale (UNICEF), Manuel Peña (OPS/OMS), Renate Ehmer (ONUSIDA), Carmen Moreno (OIT), Presidente Alan García, Jorge Chediek (ONU/PNUD), Virginia Borra (CIES), y Luis Breuer (FMI).

Fuente: . SNU, PCM/CIAS

NOTA DE PRENSA Nº 024-2009-CR/UC

Hasta el momento se ha inscrito en el RUV a 61,216 personas como víctimas
individuales y a 5,409 comunidades como beneficiarios colectivos.

El día de hoy se cumplen tres años desde que inició su trabajo el Consejo de
Reparaciones. Los siete miembros del Consejo, designados el 19 de octubre de
2006, organizaron a partir de ese momento la tarea de registrar a todas las
víctimas que dejó la violencia vivida en el país entre 1980 y 2000.

Al cabo de estos tres años, más de 61 mil nombres de personas afectadas han
sido inscritos en el Libro Primero del Registro Único de Víctimas (RUV) y
más de 5 mil comunidades en el Libro Segundo, el cual está prácticamente
concluido. La labor aún no está terminada pero sí refleja un avance
importante.

Se llega a esta fecha sorteando varias dificultades, principalmente de orden
económico. Durante el año 2009 se ha trabajado con sólo el 34% del
presupuesto solicitado, habiendo reducido el personal de 64 a 33 personas
contratadas con recursos ordinarios. A la fecha, además, no se cuenta con
una respuesta sobre el  requerimiento de 800 mil soles para cubrir el
trimestre octubre-diciembre. Esta situación es tan grave que en este momento
existe el riesgo de suspender la inscripción de casos en el RUV y disminuir
al mínimo la atención a las víctimas que solicitan su inscripción.  Además
se suspendería el trabajo de evaluación de más de 28 mil solicitudes que
están en las oficinas del Consejo de Reparaciones.

En medio de estos problemas, los Consejeros y su equipo de colaboradores
ratifican su convicción de que la tarea de elaborar el RUV es imprescindible
para contribuir a la paz y la reconciliación entre los peruanos, y expresan
su satisfacción con la labor realizada en estos tres años.

Lima, 19 de Octubre de 2009

Unidad de Comunicaciones
Consejo de Reparaciones
Tlf: 273-2400 anexo 107
Calle Neiser Llacza Arce Nº 158, Miraflores
www.ruv.gob.pe

Fuente:

http://clavero.derechosindigenas.org/

Tras la movilización del Día de la Resistencia Indígena en Guatemala, el Presidente de la República, Álvaro Colom, ha mantenido una reunión con representantes indígenas comprometiendo su palabra, si no claramente en un cambio resuelto de línea, al menos en una promesa formal de reconsideración de las políticas que han llevado a la invasión de territorios indígenas por empresas extractivas sin respeto del procedimiento de consulta requerido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado multilateral ratificado por Guatemala hace más de una década, en 1996. La ratificación vino inmediatamente seguida por la Ley de Minería, Ley que entró en vigor a los pocos días de hacerlo el Convenio ignorándolo por entero y promoviendo la invasión frente a la que se produce la movilización.

Concesiones Extractivas y Consulta Indígena en Guatemala

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Tras la movilización del Día de la Resistencia Indígena en Guatemala, el Presidente de la República, Álvaro Colom, ha mantenido una reunión con representantes indígenas comprometiendo su palabra, si no claramente en un cambio resuelto de línea, al menos en una promesa formal de reconsideración de las políticas que han llevado a la invasión de territorios indígenas por empresas extractivas sin respeto del procedimiento de consulta requerido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado multilateral ratificado por Guatemala hace más de una década, en 1996. La ratificación vino inmediatamente seguida por la Ley de Minería, Ley que entró en vigor a los pocos días de hacerlo el Convenio ignorándolo por entero y promoviendo la invasión frente a la que se produce la movilización.

En el Congreso viene a su vez debatiéndose una nueva Ley de Minería cuyo proyecto tampoco toma en cuenta el requerimiento internacional de la consulta indígena pese a la fuerte presión de organizaciones indígenas y civiles a favor de la misma o, mejor dicho, a pesar de la exigencia ciudadana de que deje de violarse y comience a respetarse el Convenio como derecho guatemalteco en virtud de su ratificación. Al efecto se tiene la previsión del Código Municipal, que data de 2002, pues contempla para las concesiones a empresas y otros asuntos que afecten a la comunidad la consulta no sólo municipal, sino también específicamente indígena, pero el problema radica en que el Código no se conforma con el estándar del Convenio. De hecho, el Código Municipal no ha servido para frenar la dinámica de la Ley de Minería y así se llega hasta la movilización del Día de la Resistencia Indígena de 2009.

Entre otras promesas que formula por escrito, el Presidente Colom reitera algunas que ya había realizado e incumplido. Promete mantener una moratoria de concesiones hasta que haya consenso en una Mesa Nacional de Minería constituida por representantes del Gobierno, de una iglesia, la católica, y de organizaciones ambientalista y de desarrollo. Existe también y es más activa la Mesa de Diálogo sobre Minería, una entidad civil, no política, formada por organizaciones de signo ecologista que marcan un contrapunto. Ninguna de estas Mesas tiene participación orgánica indígena, pero la segunda se ha significado por su oposición a la Ley de Minería, con algunas de las organizaciones integrantes, no todas, poniendo énfasis en el derecho indígena a la consulta. No es ésta la referencia de la promesa presidencial.

Por su parte, para institucionalizarse con garantías frente al poder ejecutivo, la Mesa Nacional de Minería cuyo consenso se declara preciso para nuevas concesiones habría de ser regulada por la nueva Ley de Minería, una ley que ignora la consulta indígena. Este proyecto sin consulta ha sido precisamente promovido por la Mesa Nacional de Minería a cuyo consenso se remite el Presidente. Respecto a concesiones ya hechas, el mismo Presidente se reafirma en que no habrá revisión sustantiva. A lo más que se compromete es a paliar la intervención militar que les presta apoyo frente a resistencias comunitarias, sacando al Ejército de las instalaciones de las empresas o desmilitarizando así los proyectos de desarrollo. Tras los Acuerdos de Paz de mediados de los noventa Guatemala ha vuelto a militarizarse o nunca más bien se ha desmilitarizado. El más incumplido de los Acuerdos es el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, igual que la sección de la Constitución menos desarrollada reglamentariamente es la tercera del capítulo segundo del título segundo, la dedicada a las comunidades indígenas.

Hoy, en el Congreso no sólo está debatiéndose el proyecto de nueva Ley de Minería. Se tienen otros proyectos de signo contrario por menos adversos e incluso favorables a derechos indígenas. El que se haya más avanzado, pues ya ha pasado el trámite de comisión, es precisamente un proyecto específico de Ley de Consulta, la indígena. Se da la coincidencia, probablemente intencionada, de que el Dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas se ha transmitido al Pleno a la primera sesión tras este último 12 de Octubre, el Día de la Hispanidad a efectos oficiales. El proyecto se toma en serio la consulta, estableciendo para su ejercicio un Parlamento indígena, representativo por pueblos, bajo el nombre de Consejo de Consultas Indígenas, el cual, aun siendo sólo así en principio consultivo, pudiera desde luego ser el germen de la autonomía de los mismos pueblos contemplada por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para ésta, la consulta ha de garantizar el consentimiento libre, previo e informado indígena, lo que ya no resulta meramente consultivo.

El proyecto de Ley de Consulta presenta además el interés de extenderse a modificar las leyes que han venido ignorando la consulta indígena para introducirla. Se trataría de la reforma en tal sentido, además del Código Municipal y la Ley de Minería, de la Ley de Hidrocarburos, la Ley General de Electricidad y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, esta última modificación por la incidencia de la consulta en la práctica parlamentaria. El alcance material de la Ley de Consulta sería así constitucional, aunque los proyectos de reforma de la Constitución pendientes en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ignoran no sólo la consulta, sino la presencia indígena sin más. Uno de ellos se motiva afirmando que a lo largo de toda su historia el constitucionalismo guatemalteco se ha inspirado, como debe hoy seguir haciéndolo, en “los valores y principios que han hecho grande a la civilización occidental”. Buena forma de sentar una posición netamente contraria a la ciudadanía indígena. No hay presente otro horizonte de reforma constitucional en estos momentos.

Entre las medidas interesantes a derechos indígenas, la potencialidad de la Ley de Consulta es por supuesto muy superior a la de los compromisos adquiridos por el Presidente de la República, pero lo segundo es pájaro en mano y lo primero la bandada todavía volando. Porque el proyecto legislativo se haya aprobado por una mayoría de la Comisión de Pueblos Indígenas, no hay nada garantizado ante un Pleno más susceptible de responder a las presiones, por ejemplo, del CACIF, el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, presiones nada favorables a derechos indígenas y, aún menos, si se trata de derechos de pueblos. Las expectativas de que la Ley de Consulta llegue a buen puerto hemos de reconocerse que son bajas si no se mantiene la movilización indígena y no se acrecienta el apremio de las instancias internacionales en nombre de los derechos. Esto puede decirse en general para la necesidad de desbloqueo de una situación tan grávida de contradicciones.

Nota. El 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena para unos y de la Hispanidad o de “la civilización occidental” para otros, las fuerzas policiales, secundadas por los media, intentaron crear en la ciudad de Guatemala una sicosis colectiva de pánico ante lo que presentaban como una invasión armada de la capital por indígenas. Se lanzó incluso el infundio de la existencia de una guerrilla dirigida por “El Monje”, un personaje español que apareció en efecto con sus arengas el día 12 para desaparecer sospechosamente a continuación. Los medios interrogaban a los indígenas que participaban en la movilización sobre su relación con “el nuevo movimiento guerrillero”. Tras la cruenta e interminable guerra civil de la segunda mitad del siglo pasado, de recuerdo bien presente, la irresponsabilidad de la operación contaminadora sobrepasa cualquier medida; es rallana en lo criminal. La noticia oficial el día 13 fue la de que “El Monje” había sido expulsado del país, lo cual, dada la impunidad de su fulgurante aparición en público, genera todo tipo de sospechas sobre complicidades interiores y exteriores. La primera noticia sobre la fantasmagórica guerrilla la transmitió y la mantiene en línea una agencia española, Europa Press. El 15 de octubre se añadió por los media la noticia del descubrimiento de una familia q’eqchí en su estado natural de barbarie sin signo de civilización alguno en las montañas de la Sierra llamada de las Minas, precisamente.

Agradezco a Máximo Ba Tiul la información poco menos que en vivo sobre la jornada del 12 y sus secuelas, así como a Víctor Montejo la que, desde la Universidad de California, campus de Davis, me procura sobre sus tiempos de congresista y promotor del proyecto de Ley de Consulta. La responsabilidad por el escrito es enteramente mía.

Lima, 19/10/2009 (CNR) – La congresista Gloria Ramos presentará ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos un informe dando a conocer el conflicto originado por la petrolera Talismán entre nativos achuar (Loreto).

A través de CNR, Ramos Prudencio anunció, ademas, que solicitará al ministro del Interior, Octavio Salazar, restituir el orden en la provincia de Datém del Marañón, en Loreto, donde opera la empresa canadiense.

“Hay que poner (el caso) en conocimiento de todos los representantes del Estado. Mañana (martes) vamos a presentar este tema en la Comisión de los Pueblos Andinos y Amazónicos”, remarcó.

A fines de abril pasado, unos 130 comuneros achuar de las cuencas del Huituyacu, Manchari y Huasaga, se trasladaron hacia la base de Talismán, ubicada en Setuchi Central (quebrada afluente del río Morona), para pedirle a sus directivos su retiro inmediato de los territorios ancestrales.

La petrolera se negó a dialogar con los nativos y optó por trasladar en sus helicópteros a comuneros afiliados a la Federación Achuar del Morona (FASAM), vinculada a la empresa canadiense.

Los indígenas, muchos de los cuales portaban armas, fueron colocados frente a la delegación procedente del Huituyacu, Manchari y Huasaga. De acuerdo a los testimonios de varios de los comuneros presentes, se estuvo muy cerca de desatar un enfrentamiento armado entre ambas facciones.

En ese contexto, Ramos refirió que conflictos de este tipo se acentúan en la selva del país, pues el gobierno favorece a las empresas sin considerar las opiniones de las comunidades.

“Se debe implementar el convenio 169 de la OIT. En este caso, seis comunidades están de acuerdo con la inversión petrolera, pero la gran mayoría no lo esta (…) La empresa Talismán arma a las pocas comunidades que están de acuerdo y promueven la desunión”, aseveró.

Finalmente, la representante de Compromiso Democrático adelantó que pedirá un trabajo coordinado con la Defensoría del Pueblo, luego que dicha institución tomara conocimiento del caso.

“No vamos a permitir que la situación se agudice, y tampoco vamos a permitir que esto continúe; estas comunidades tienen derecho a decidir”, concluyó.