(San Martín – Perú, 25 de febrero del 2010) Organización Internacional del Trabajo (OIT) observa compromisos del Estado peruano respecto al respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas.-
El Estado Peruano, como miembro de las Naciones Unidades ha firmado y ratificado el compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas consignados en el Convenio 169 de la OIT. En el año 2009, diversas organizaciones indígenas y de Derechos Humanos del Perú levantaron un informe paralelo al que el estado formula periódicamente para dar cuenta del cumplimiento de estos compromisos. En este informe, la sociedad civil resaltó varios hechos que dan a conocer el incumplimiento parte importante del Convenio 169 de la OIT. Estas observaciones han sido analizadas por una comisión especial de las Naciones Unidas levantando así una serie de recomendaciones y consultas al estado peruano para que cumpla con sus compromisos.
Entre estas se menciona que con relación a los hechos de Bagua, el estado debe establecer los mecanismos de diálogo requeridos en el Convenio, con el fin de asegurar que la consulta y la participación sean sistemáticas y efectivas, además de recomendar una investigación imparcial de los hechos. Igualmente exhortó al estado a que adecue su legislación sin mayores ambigüedades al Convenio 169, incluyendo el proyecto de Ley Marco de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú. De otro lado, insta al estado a concertar un Plan de Acción para que todos los derechos de los pueblos indígenas sean respetados. Indica igualmente, la importancia de que instituciones como el INDEPA sean un órgano de gobierno donde los pueblos indígenas tengan una adecuada posibilidad de participación; así mismo se indica, que los procesos de consulta a los pueblos indígenas sean respetados buscando llegar siempre a un acuerdo o consentimiento. También se solicita al estado peruano que: “suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio”
Al respecto se añade: “La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas con miras a asegurarse de que los pueblos interesados participen en los beneficios reportados por las actividades de explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras y perciban una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades”
La OIT también observa que el estado debe respetar las tierras de uso tradicional de los pueblos indígenas aunque estos no se encuentren titulados. Finalmente se recalca la importancia que el estado vea porque no se de ningún tipo de actitud discriminadora desde sus diversas dependencias como estado.
Referencias: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Observación, CEACR /80a reunión.
(Publicación febrero de 2010)
Comentarios:
El Estado Peruano habría estado faltando sistemáticamente a los acuerdos de respeto de los derechos de los pueblos indígenas consignados en el Convenio 169 de la OIT. Ha sido sumamente importante que la sociedad civil, se pronunciara ante la Comunidad Internacional resaltando las políticas de estado que han estado apañando una realidad distinta a la que se informaba oficialmente.
Esperamos que el gobierno de turno asuma estas faltas y las recomendaciones, actuando así con un sentido democrático y de respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Una sociedad efectivamente democrática y participativa no puede estar de espaldas a ninguno de sus integrantes, no puede ni debe someterlos a prácticas injustas en pos de un desarrollo visto como capitales para grandes empresas o para los intereses de un puñado de funcionarios. El estado es parte de un sistema que debe estar al servicio de su población y no tiene por que jugar como el intermediario de intereses particulares.
Como se señala en los informes, el dialogo en camino debe no solamente llevar a sentarse a los actores en juego, sino, que debe ser efectivo, facilitando la participación de las partes a modo de llegar a acuerdos y consentimientos. Esperamos que los procesos de dialogo realmente se lleguen a concretar de esta forma; la paz social y el desarrollo inclusivo deben ser el norte de nuestro país.
Nuestro país está formado en su mayoría por personas que viven constantemente migrando internamente de un lugar a otro, que mantienen costumbres diversas, que hablan diversas lenguas, que llevan consigo un patrimonio cultural y social invaluable. Este no debe ser socavado por la ambición y por actitudes discriminatorias.
En el año 2003, en su Intervención Oral ante la ONU, el Sr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, expuso: “El desarrollo sostenible es esencial para la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas, cuyo derecho al desarrollo conlleva el derecho a determinar su propio ritmo de cambio, de acuerdo con su propia visión del desarrollo, y que ese derecho debe respetarse, especialmente su derecho a decir que no”
Todos y todas tenemos los mismos derechos, el estado está para atender por igual a sus miembros, los pueblos indígenas no pueden ser atendidos como ciudadanos de tercera categoría. Aunque duela a los intereses de algunos políticos y empresarios, el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, sino, solamente primaría la “ley del más fuerte” y retrocederíamos grandemente a lo que pudiera catalogarse como la dictadura de unos pocos sobre toda la población. Que prime el respeto y un estado de derecho.
Jorge Arboccó
Director Regional ORSM
Asoc. Paz y Esperanza
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