pueblosaltomayo.com – Derechos Humanos

El sitio Dialogue between Nations / Diálogo entre Naciones, comprendidas desde luego las primeras, las indígenas, publica en audio las sesiones públicas de pleno del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. El sitio del Foro tiene publicados los materiales de la sesión y publicará en pocas semanas el informe y las recomendaciones.

Actas en audio

Foro Permanente, novena sesión

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6031

En 1886, un primero de mayo, se inició una gran huelga de obreros en Estado Unidos. La mayoría de ellos eran migrantes, buscaban oportunidades y un trato justo. Una frase emblemática de su lucha: «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa».

Producto de esas protestas, varios resultan detenidos, torturados y sentenciados a muerte. De estos últimos, una nota en la prensa resume el momento final de la ejecución de un grupo de obreros en la horca con las siguientes palabras: “…salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro… Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: “la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable…” (1)

Al poco tiempo de estos hechos, casi todas las empresas y el propio Estado, reconocieron la jornada de 8 horas como un derecho de los trabajadores. Con el tiempo, los derechos colectivos de los trabajadores tomaron vigencia, dejando en el pasado, progresivamente, los regímenes esclavistas propios del latifundio y de la primera revolución industrial.

En nuestros tiempos, nuestros países vienen sufriendo un gran retroceso en el reconocimiento de sus derechos. La intermediación de los contratos por medio de las famosas: “services” y la informalidad de los sistemas de contratación en nuestro país, han ignorado los avances históricos de los derechos de los trabajadores. Aún más, para aquellos que protestan, se vienen ahondando las leyes denominadas: “de criminalización de la protesta”. Las mismas, que puede colocar en una misma situación a un criminal que a un trabajador o líder social que protesta por sus derechos, aquí nos referimos a los decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo por medio de la ley Nº 29009 y de manera complementaria, la ley 29166, sobre el uso de armas (empleo de la fuerza) sobre una determinada población (2).

La misma prensa, como en antaño, reproduce textos como los mismos que en el siglo XIX se colocaba en portada contra los obreros de esos tiempos, por ejemplo, el New York Times decía: “Las huelgas para obligar al cumplimiento de las ocho horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo” (3).

Hoy tal vez pensemos que éste asunto no nos compete, muchos aún creerán que Bagua como los demás hechos de protesta que se vienen dando a nivel nacional son asunto de “un grupillo de agitadores”, lo cierto es que muchos derechos se están viendo vulnerados. En algún momento necesitaremos hacer valer nuestros derechos y ahí, cada uno podrá comprobar si esas protestas realmente eran o no de nuestra incumbencia.

¿Esperemos tanto?, un ciudadano bien informado puede decidir su futuro y en mucho su presente, uno desinformado podrá conformarse sin mayor cargo de conciencia y será fácilmente manipulado. Pregúntate, ¿qué tipo de ciudadano quieres ser?

Antrop. Jorge Arboccó Gallardo
Director Regional Paz y Esperanza – San Martín

El día de la tierra, el año internacional de la biodiversidad, la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, parecen meras menciones simbólicas ante el escaso manejo de la población del planeta, de la magnitud de los problemas ambientales que afrontamos y las escazas decisiones trascendentales de quienes ostentan el poder.

Cada día es una nueva catástrofe, mayores plagas, pérdidas de vidas, bienes y un clima cada vez más impredecible. Hay que hacer inventario de lo que nos queda de equilibrio ambiental, de recursos naturales, y tal vez hasta de humanidad. Cuál será nuestra herencia para las futuras generaciones, cada día más parece que les pasaremos a nuestros hijos e hijas un planeta devastado. A la crisis ambiental que vivimos se suma una cultura comercial cada vez más salvaje. Se comercian productos rápidos para una sociedad que consume cada vez más y de menor calidad.

El ritmo económico del planeta, crece en relación directa con su exterminio, el ansiado desarrollo sostenible representa aún un sueño para la mayoría de personas en el mundo. Ahora se habla del postdesarrollo como una búsqueda necesaria, cómo una apuesta por ensayar una visión económica más allá del libre mercado.

Cuándo llegará el día en que todos y todas nos demos cuenta que la contaminación y muerte de nuestro planeta está cerca a lograr también el exterminio de los seres humanos. No basta ya con apagar un foco, sembrar un árbol, no botar un papel a la calle, entre otras muchas ideas similares e importantes de todos modos. Sin embargo, los desafíos del cambio climático nos exigen apuestas más exigentes con el cuidado y protección de la vida. Este compromiso también nos exige cambios en nuestra visión de la economía y el sistema político que rige a una gran mayoría de los países del mundo.

Por hoy, el principal enemigo del hombre y el medio ambiente es la ambición del propio ser humano; tener más y más, para así, controlar y obtener más y más. La Onda digital, revista electrónica de internet, publicó hace un tiempo, hablando sobre los principales empresarios de América Latina: “Su poder no parece tener límites. Los dueños de América Latina tienen bajo su control los más importantes canales de televisión y emisoras de radio. Cinco de cada 10 noticias que se producen en la región salen de sus medios de comunicación. Son los mayores vendedores de cerveza, son propietarios de pozos de petróleo, fundaron los bancos más grandes de la región, las mejores fábricas de cemento y telenovelas, producen automóviles y computadoras, poseen líneas aéreas y monopolios de telecomunicaciones. Sus gustos han definido presidencias y sus disgustos han sepultado candidaturas”^[1]

Difundamos celebraciones y dediquemos un tiempo importante al cuidado ambiental, pero, busquemos que esta protección del medio ambiente, se traduzca en mayor participación de todos y todas, donde prime la defensa de la vida y una mayor distribución de las riquezas.

Jorge Arboccó

Director Regional

Paz y Esperanza – San Martín

Una verdad más completa. Si bien los comisionados Carmen Gómez y Jesús Manacés dejaron claro que no tienen la verdad “al 100%”, el voluminoso informe en minoría que presentaron esta mañana sobre los hechos de Bagua contiene mayor información que el informe oficial presentado por la Mesa 1 del Grupo Nacional de Coordinación en diciembre. Lo curioso es que no han tenido que realizar una investigación mucho más produnda que la realizada cuando eran parte de la Comisión de Investigación: han precisado algunos datos y testimonios con un nuevo viaje a la zona, pero el grueso de su información proviene de documentos y datos que dicha Comisión obtuvo pero prefirió ocultar en su informe en mayoría.

Al respecto de los hechos del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo, el informe en minoría resalta que es “inadminisble que el Informe Final omita señalar que los iniciales disparos de fusil realizados por la policía hubieran causado al menos 2 heridos y un muerto” y que se haya pretendido “hacer ver que la estadística final de los muertos (…) explica suficientemente de quién fue la culpa de lo sucedido”. Señala también que “no puede admitirse la afirmación del Informe Final de que el uso de las armas respondió a una reacción defensiva de los efectivos policiales cuando los primeros disparos con consecuencias letales provinieron de los policías (…) actuando frente a una población desarmada y a pecho descubierto”. “Los disparos con fusil -asegura el informe- dieron una señal de que no se estaba ante un ‘escenario de desalojo negociado’ sino ante un ‘escenario de guerra’, generando un tipo de respuestas basadas en (…) reglas, comportamientos culturales y prácticas que no se admitirían en tiempos de paz pero que rigen el comportamiento de los Awajún y Wampis ante un ataque enemigo con víctimas mortales”. Estos elementos culturales no fueron tomados en cuenta para el diseño del operativo, siendo aún más grave porque los manifestantes, según toda la información disponible, “se aprestaban a desalojar la carretera voluntariamente”.-seguir leyendo-

Fuente: Alerta Perú

Rechazan recorte de sus derechos. Las cinco mayores organizaciones indígenas del país denunciaron esta mañana que la congresista Mercedes Cabanillas, titular de la Comisión de Constitución, quiere recortar el derecho a consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT mediante el pre-dictamen que presentó el mes pasado. En respuesta, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) elaboraron en consenso un Proyecto de Ley que recoge las propuestas de la Defensoría del Pueblo y de las mesas de diálogo indígenas-Estado. El proyecto ha sido presentado a Luis Alva Castro, presidente del Legislativo, y a Javier Velásquez, titular de la PCM, y a partir de hoy corren 60 días de plazo que las organizaciones indígenas se han planteado para lograr su aprobación. De no ser escuchados, iniciarían protestas y acciones en todo el país y no descartaron la convocatoria a un referéndum.

De acuerdo con Mario Palacios, de CONACAMI, el pre-dictamen elaborado por la Comisión de Constitución “degenera y distorsiona” el derecho a consulta. En efecto, el proyecto de la comisión de la congresista Cabanillas, en su preámbulo, dice recoger las propuestas existentes y los acuerdos de la Mesa de Diálogo #3 -referida al derecho a consulta- pero en realidad los recorta. Alerta Perú consultó con Hernán Coronado, abogado del CAAAP, quien explica que el proyecto acordado en la Mesa 3 tenía 43 artículos pero el pre-dictamen del Congreso sólo tiene 22, es decir que no se recoge ni la mitad de lo negociado. Para empezar, se reduce el derecho a consulta a sólo las decisiones legislativas, cuando el Convenio 169 y todos los proyectos existentes establecen que dicho derecho es exigible para cualquier decisión legal o administrativa que pueda afectar a los pueblos indígenas. Recordemos que las concesiones de recursos naturales son, precisamente, medidas administrativas. -seguir leyendo-

Los habitantes de Barranquita (distrito en la provincia de Lamas, San Martín) intentan detener la deforestación que el Grupo Romero lleva a cabo desde hace 3 años en su distrito, con el fin de sembrar palma aceitera.

En el año 2007, el gobierno le adjudicó 3 mil hectáreas a la Empresa Agrícola Caynarachi, propiedad del Grupo Romero. Los dirigentes del Frente de Defensa de Barranquita señalan que se cambió el uso del suelo de estos bosques de forestal a agricola, sin respetar que eran bosques primarios que venian siendo cuidados por las comunidades de la zona.

Tampoco se presentó un estudio de impacto ambiental previo a la adjudicación de los bosques, ni se respetó la ley de Zonificación Económica y Ecológica de la Región San Martín, la misma que determina cuales son las capacidades y potencialidades para el uso del suelo.

A pesar de que en Enero del 2010 el Gobierno Regional de San Martín emitió una resolución que declara nulo el proceso de cambio de uso de las tierras, existen videos que demuestran que la empresa siguió invadiendo tierras y talando árboles.(http://www.youtube.com/user/WalkiriaEd).

El 2 de febrero del 2010 la Empresa Agrícola Caynarachi S.A interpuso una denuncia penal contra el Director de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín, Ing. Antonio Arce García, por supuesto abuso de autoridad.

ver en youtube

Fuente: Alerta Perú

La Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH se encuentra sesionando en el Perú desde el día 12 hasta el 16 de abril. Ante su visita la Coordinadora Contra la Impunidad se dirige a los magistrados presentes y se pronuncia:

*QUE SE ABRAN TODAS LAS FOSAS CLANDESTINAS

*QUE SE IDENTIFIQUEN A LAS VÍCTIMAS

*QUE SE CONDENEN A LOS ASESINOS

Han pasado casi treinta (30) años desde que el conflicto armado interno sacudiera a nuestro país con un saldo horroroso de víctimas, principalmente dentro de la población civil, cuyo número exacto aún no se ha llegado a determinar pero que sobrepasarían los 60,000 afectando en su gran mayoría a nuestros hermanos quechua hablantes, el sector más castigado por la pobreza y el abandono del Estado.

La violencia convirtió en práctica común el arrasamiento de poblados enteros cubriéndolos de dolor y muerte, sin respetar el derecho a la vida de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes, sembrando nuestro territorio de cientos de fosas clandestinas con cadáveres incluso de familias enteras y de campos regados de restos humanos dejados a la intemperie como forma de atemorizar a la población.

Las denuncias de los familiares ante los entes encargados de administrar justicia de estos crímenes de lesa humanidad se vieron trabados por amenazas contra ellos que condujeron repetidas veces incluso a la pérdida de su vida causada por los mismos violadores pertenecientes a los organismos represivos del Estado. -seguir leyendo-

Fuente: Alerta Perú

En la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Mercedes Cabanillas Bustamante, entró en debate los proyectos que desarrollan la Ley del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT.

El debate del predictamen –que acumula los ocho proyectos de Ley, presentados al respecto – fue luego suspendido a pedido de los mismos parlamentarios hasta contar con la anunciada propuesta del Ejecutivo que comprende, además, aspectos administrativos. A pedido del congresista Mauricio Mulder se acordó, también, invitar a la comisión, al representante de la OIT en el Perú.

La presidenta de la Comisión, Mercedes Cabanillas, explicó luego que del convenio 169 se derivan diversas obligaciones internacionales, “siendo una de las más importantes, garantizar el derecho de consulta a los Pueblos Indígenas sobre medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

“En los últimos años, se han recibido aportes importantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que han enriquecido no sólo el concepto, sino la necesidad de legislar sobre la materia”, subrayó.

“Ello implica, según dijo, buscar un equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos y la seguridad jurídica y gobernabilidad del sistema, lo cual plantea un debate multidisciplinario, e intersectorial para entender y definir, por ejemplo,¿qué materias deben ser sometidas a consulta? ¿cuándo hay afectación directa de los derechos colectivos indígenas? ¿es un derecho de veto, consentimiento o un diálogo intercultural que busca consensos para que todos resulten beneficiarios con los acuerdos?”

(Moyobamba, 07 de abril del 2010) Hace 18 años Alberto Fujimori dio un golpe de estado disolviendo el Congreso de la República y constituyendo un régimen dictatorial dirigido por civiles con el apoyo de las fuerzas armadas. Aprovechó para esto el creciente descontento de la ciudadanía contra la creciente corrupción política, además, se presentó como un personaje con “mano dura” dispuesto a poner un nuevo orden que permitiera la gobernabilidad del país, su lema: “honradez, tecnología y trabajo”; ¿dónde quedaron?

La dictadura buscó controlar los medios de comunicación, instalando todo un aparato de control, incluyendo todo lo visto en los famosos “vladivideos”, que no fue sino la compra de las conciencias y línea editorial de los principales canales de televisión y radio del país. De esta forma, vivimos día a día un discurso pro dictatorial que muchos llegaron a concebir como necesario. Pocos recuerdan ya que la política económica aplicada no encausó la economía hacía el desarrollo sino, favoreció un proceso de devaluación de nuestra moneda que facilitó hasta la fecha que llevemos adelante niveles de vida muy por debajo de los que vivimos hace cuarenta años. Hasta la fecha, la canasta básica familiar, los niveles de educación, salud, entre otros, no mejoran más que en fachada, con bonitas infraestructuras que ocultan tras sus paredes la misma o mayor pobreza que antaño.

Se resalta para salvar esto, que supuestamente Fujimori y Montesinos pacificaron el país. No hay cosa más falas, Fujimori vacacionaba lo mismo que Montesino cuando Abimael Guzmán fue capturado, ambos salieron sorprendidos y tuvieron que apersonarse rápidamente para no perder el tren de la historia y arrogarse las glorias de los hechos. Fue un grupo valientes de policías constituidos en un equipo llamado Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) el que planeó y capturó a Abimael. Este mismo grupo iba a ser disuelto próximamente por el régimen de Fujimori, ya le habían recortado el presupuesto y estaban próximos a dividir a su equipo, cosa que luego de la captura finalmente ocurrió, incluyendo el posterior cambio de los jefes de la policía encargados del operativo.

Hoy la historia ha cambio, Fujimori y Montesinos finalmente han sido castigados por la ley. Ya ha pasado un año desde la sentencia a Fujimori, sin embargo, podemos seguir expectando a varios medios de comunicación viviendo de espaldas a estos hechos con sus noticias policiales y del espectáculo. Los “vladivideos” han sido guardados y archivados, muchos violadores de derechos aún siguen impunes. Incluso nuestros jóvenes no recuerdan mucho de esta historia, la misma que es contada en varios medios, desde sus intereses, por un sequito de seguidores del dictador pululando todavía entre nosotros.

Si deseamos no tener otra dictadura, debemos mirar la historia y reconocer a quiénes realmente nos facilitaron a la fecha algunos pequeños grandes avances en el proceso de pacificación y desarrollo del país. Esos abnegados policías que con escasos recursos y arriesgando día a día su vida capturaron a los mandos terroristas; a esos migrantes microempresarios que en medio de una economía muy difícil sacaron cientos de negocios adelante, los mismos que hoy dan trabajo a la mayoría de peruanos en el sector llamado: informal; a esas mujeres de los vasos de leche y comedores populares que ayudaron a miles de familias pobres a soportar el famoso “paquetazo” y otros tantos paquetazos económicos que aún hoy vivimos; a aquellos dirigentes sociales, políticos y profesionales que soñaron con un país libre de todo tipo de opresiones y que facilitaron junto a otros millones de peruanos, poner fin a la dictadura de Fujimori. Este Perú de todas las sangres es el Perú que sigue resistiendo los embates de la discriminación, la exclusión, la corrupción; es el mismo que reclama como ayer, justicia, y que espera no tener de vuelta a supuestos caudillos de anhelados cambios que dejen finalmente bajo tierra la paz y la vida misma.

Jorge Arboccó

Director Regional SM

Paz y Esperanza

(EFE). La mayoría de los pobres peruanos bebe agua contaminada, por lo que mueren unas 3.600 personas cada año. Asimismo, en nuestro país el tratamiento de las aguas residuales es deficiente, según diversas fuentes en el Día Mundial del Agua.

La viceministra de Gestión Ambiental, Ana María González, alertó hoy que en Perú se trata “menos del 70% de las aguas residuales”, un indicador que es “bastante crítico” comparado a otros países del mundo.

En declaraciones a RPP, González explicó que “el problema del agua está vinculado al tema de la cantidad y calidad. Sobre la calidad, hay problemas con los vertimientos”, entre ellos los industriales y con sustancias químicas.

MÍNIMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
“Un 97% de los desechos de agua -aguas fecales, industriales y otras- en las regiones del Perú se arrojan a los ríos, lagos u océanos”, recordó hoy en un comunicado de prensa el presidente del Movimiento Peruanos Sin Agua, Abel Cruz.

El líder de los Sin Agua recordó que diez millones de peruanos no tienen acceso al agua, cifra que representa casi un tercio de la población, y además unas 3.600 personas, la mayoría de ellas niños, mueren anualmente por consumir agua contaminada.

Cruz señaló que muchos camiones cisterna recogen agua de los ríos o riachuelos, ya contaminados por las heces de los animales y hasta de humanos, y después estos comerciantes venden el recurso a precios elevados a los más pobres que no cuentan con servicios de agua potable y desagüe.

El abastecimiento del agua en Perú está “en creciente peligro debido al aumento de la población, la expansión de las actividades industrial y agrícola”, mientras que el cambio climático “amenaza con alterar el ciclo hidrológico”, enfatizó.

PACTO DEL AGUA
Por ello, los representantes de los Sin Agua tienen previsto exponer hoy su problemática ante el Congreso peruano y pedir que se firme un Pacto por el agua para concienciar a la población sobre su valor y proteger este recurso.

En Perú, sólo el 43% de la población rural cuenta con abastecimiento de agua potable, el sector agrícola demanda el 80% del agua disponible, mientras que la población y el industrial concentran el 18% y el sector minero consume el 2% restante, según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A esto se suma que en la costa peruana se concentra el 70% de la población y solamente tiene un 1,8% de oferta de agua dulce, en un contexto en el que esta zona depende de las precipitaciones pluviales en la sierra para abastecerse de este recurso.